Honduras suscitó la cólera de Washington al rebelarse contra la presencia militar estadounidense e incorporarse al ALBA. Militares formados en la Escuela de las Américas y dirigidos por consejeros estadounidenses derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y pusieron en el poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del partido liberal, Roberto Micheletti. Thierry Meyssan hace un recuento de los objetivos de este enfrentamiento y señala la voluntad de la administración Obama de retomar el control de América Latina.

Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) [1] y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004) [2]. Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había renunciado a su ambición imperial.

La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona. Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los «contras» nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de «contaminación». ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos propagandísticos?

La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005

Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de las maras (pandillas). La más conocida es la Mara Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables debido a su dependencia de la droga y organizados mediante ritos místico-criminales [3]. Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar verdaderas masacres.

En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y asesinado, y su funeral se había convertido en una verdadera manifestación de carácter nacional. Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares operaciones de lucha contra las pandillas. También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una ley que castigaba con un mínimo de 5 años de prisión el solo hecho de ser miembro de una mara.

Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y Salvador, la Corte Constitucional hondureña decidió invalidarla porque comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de crímenes que el acusado no había cometido. La aplicación de aquella ley había dado lugar a un gigantesco aumento del número de personas encarceladas, lo cual se provocó a su vez sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como aquella ley no abordaba las causas sociales del fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la criminalidad.

En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, «Pepe» Lobo, consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras. Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum que contemplaría además la posibilidad de pronunciar penas de muerte colectivas contra las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en Salvador ya había demostrado que el 51,9% de los criminales tenían sólo entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos de sus propios hijos. Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización de verdaderos esfuerzos a favor de la educación y de la inserción de aquellos niños en la sociedad.

En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también resultaban bastante polémicos.

Ex gobernador del Banco Central y brillante hombre de negocios (concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el FMI y con el Club de París. Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media.

También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos/Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños agricultores. Las excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo estadounidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los españoles, en la zona administrada por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a los soldados hondureños. Y finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente grotesco matizado por un escandaloso divorcio.

El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio de garantizar una importante reducción presupuestaria, Zelaya propuso una reducción del tren de vida del Estado. Y para reforzar los ingresos del Estado, propuso facilitar el empleo en los sectores altos consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la sociedad.

En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49,9% de sufragios, y le garantizaron el 48,4% de los escaños en el Congreso (unicameral). Su principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46,2% de los sufragios y un 42,9% de los escaños en el Congreso. Los resultados eran tan apretados que se requirió su validación, la cual se produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática, la Democracia Cristiana y el partido Innovación y Unidad.

Elección presidencial (27 noviembre 2009)	Elecciones legislativas (27 noviembre 2009)
José Manuel Zelaya Rosales 49,90 % de votos válidos	Partido Liberal 62 escaños
Porfirio Lobo Sosa 46,2 % de votos válidos	Partido Nacional 55 escaños
Juan Ángel Almendares Bonilla 1,5 % de votos válidos	Unificación Democrática 5 escaños
Juan Ramón Martínez 1,4 % de votos válidos	Democracia cristiana 4 escaños
Carlos Sosa Coello 1,0 % de votos válidos	Innovación y Unidad) 2 escaños

La presidencia de Manuel Zelaya

Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la economía [4]

Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano [5], en la que se encontraba un contingente estadounidense. Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario. Pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom fuera de Estados Unidos [6]. Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar estadounidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de las instalaciones anteriormente mencionadas.

A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.

Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Washington financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.

Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de un millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998. 78 000 de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión administrativa.

El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se descubrió incluso que el ex director de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.

Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurre, lógicamente, a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), organización intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud pública.

Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica mundial.

El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 000 personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al ALBA, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también está representado en el acto.
Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.

El golpe de Estado militar

Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en el New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos [7] de que emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado).

Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor. Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami [8].

Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser, para darle seguimiento al golpe.

En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, al igual que la limpieza del valle de Swat, que el exterminio de los Tigres tamules o la «revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la administración Obama, a pesar de los visos de legalidad que ésta última parecía ofrecer.

La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso ya que la elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser «presidente vitalicio», había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también.

El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. En base a esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para «rescatar» las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas.

La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A. Juergens. Fue al parecer fue este mismo militar estadounidense quien dirigió el secuestro del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.

El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados [9] asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se restableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.

Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, el Congreso designó a su propio presidente para ocupar la presidencia de la República. Por su parte, el Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El Tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la República, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del ALBA.

El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.

La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadounidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración Obama.

El análisis de la elección presidencial iraní, en vista de las anteriores votaciones y de las encuestas encargadas por los Estados Unidos, no deja ninguna duda de que Mahmoud Ahmadinejad es ampliamente reelegido. Esto no es sorprendente, observa el profesor James Petras: el pueblo votó a favor de un nacional-populista, mientras que sólo las élites occidentalizadas han votado a favor del candidato liberal, querido de los medios de comunicación occidentales. El mismo fenómeno se ha observado en otros países.

 

 

«Para los pobres, el cambio significa alimento y empleo, no un código más permisivo en el vestir o el ocio… La política en Irán tiene mucho más que ver con la lucha de clases que con la religión».
Financial Times, editorial (15.6.2009)

 

Introducción

 

No hay prácticamente unas elecciones en las que la Casa Blanca tenga algo en juego, en las que la derrota electoral del candidato pro estadounidense no sea denunciada como ilegítima por toda la élite política y de los medios de comunicación. Últimamente, la Casa Blanca y sus seguidores proclamaron que había fraude en las elecciones libres (y supervisadas) celebradas en Venezuela y Gaza, a la vez que celebraban alegremente el éxito electoral en Líbano, a pesar de que la coalición liderada por Hezbolá recibió más del 53% de los votos.

 

Las elecciones iraníes del pasado 12 de junio son un ejemplo clásico: el candidato nacionalista-populista, Mahmoud Ahmadineyad, recibió el 63,3% de los votos (24,5 millones), mientras que el candidato de la oposición, apoyado por los países occidentales, Hosein Musaví recibía el 34,2% (3,2 millones).

 

Estas elecciones alcanzaron una participación récord de más del 80% del electorado, con un número de votos provenientes del extranjero de 234.812, de los que 111.792 fueron a parar a Musaví y 78.300 a Ahmadineyad. La oposición liderada por Musaví no aceptó la derrota y organizó una serie de manifestaciones masivas que desembocaron en actos de violencia, como quema y destrucción de automóviles, bancos, edificios públicos y confrontaciones armadas con la policía y otras autoridades. Casi todo el espectro de comentaristas occidentales, entre otros los de los principales medios impresos y electrónicos, y los principales sitios Internet de tendencia liberal, izquierdista, libertaria y conservadora, se hicieron eco de la afirmación de la oposición de fraude electoral a gran escala. Los neoconservadores, los conservadores libertarios y los trotskistas se unieron a los sionistas para aclamar a los manifestantes de la oposición como avanzadilla de una revolución democrática. Demócratas y republicanos condenaron al gobierno iraní, se negaron a reconocer los resultados de la votación y dieron respaldo a los esfuerzos de los manifestantes por revocar el resultado electoral. El New York Times, la CNN, el Washington Post, el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y todos los líderes de las principales organizaciones judías estadounidenses pidieron sanciones más duras contra Irán y anunciaron la defunción del diálogo propuesto por el presidente Obama con Irán.

 

El timo del fraude electoral

 

Los líderes occidentales rechazaron los resultados porque sabían que su candidato reformista no podía perder… Durante meses publicaron diariamente entrevistas, editoriales e informes desde el terreno detallando los fallos del gobierno de Mahmoud Ahmadineyad y citando el apoyo aportado por los clérigos, ex funcionarios, comerciantes y sobre todo mujeres y jóvenes urbanos que hablan inglés, con el fin de probar que Hosein Musaví iba a ganar con toda facilidad. La victoria de éste se describía como la de las voces de la moderación, es decir, la versión de la Casa Blanca de este vacío tópico. Destacados académicos progresistas dedujeron que el recuento de los votos fue fraudulento porque el candidato de la oposición, Musaví, perdió en su propio enclave étnico azerí. Otros académicos aseguraron que el voto joven –basándose en entrevistas con jóvenes universitarios de clase media y alta de los barrios del norte de Teherán– estaban abrumadoramente a favor del candidato reformista.

 

Lo que resulta asombroso de la condena occidental general de los resultados electorales por fraude es que no hay ni asomo de pruebas sobre papel o fruto de la observación presentadas antes o una semana después del recuento. Durante toda la campaña electoral, no hubo ninguna acusación creíble (o incluso dudosa) de manipulación de votos. Mientras los medios occidentales creían su propia propaganda de una inminente victoria de su candidato, describían un proceso electoral altamente competido, con encendidos debates públicos y niveles sin precedentes de actividad pública, sin ningún obstáculo para el proselitismo. La creencia en una elección libre y abierta era tan fuerte que los líderes y los medios occidentales estaban convencidos de que ganaría su candidato favorito.

 

Los medios occidentales confiaban en sus reporteros que cubrían las grandes manifestaciones de los seguidores de la oposición, a la vez que ignoraban o quitaban importancia a las favorables a Ahmadineyad. Peor aún, los medios occidentales no prestaban atención a la composición de clase de las diferentes manifestaciones, sin percatarse de que el candidato presidente recibía el apoyo de la mucho más numerosa clase trabajadora pobre, los campesinos, los artesanos y los funcionarios, mientras que el grueso de las manifestaciones de la oposición estaba formado por estudiantes de clase media y alta y miembros de la clase profesional y de negocios.

 

Además, la mayor parte de las proyecciones de los líderes de opinión y reporteros occidentales basados en Teherán eran extrapolaciones de sus observaciones en la capital, y pocos fueron los que se aventuraron en las provincias, las poblaciones pequeñas y medias y los pueblos, donde Mahmoud Ahmadineyad tiene su base de apoyo. Asimismo, los seguidores de la oposición eran una minoría de estudiantes fácilmente movilizables para realizar actividades de calle, mientras que el apoyo de Mahmoud Ahmadineyad contaba con la mayoría de los jóvenes trabajadores, hombres y mujeres, y amas de casa, que expresaron su opinión ante las urnas y no tenían tiempo o ganas de participar en la política de la calle.

 

Una serie de expertos periodísticos, entre otros Gideon Rachman del Financial Times, afirma como evidencia del fraude electoral el hecho de que Mahmoud Ahmadineyad consiguiera el 63% de los votos en una provincia de lengua azerí, contra su oponente Musaví, de la etnia azerí. La suposición simplista es que la identidad étnica o la pertenencia a un grupo lingüístico es la única explicación posible del comportamiento electoral, y no otros intereses sociales o de clase.

 

Una mirada más atenta al comportamiento electoral en la región de Azerbayán oriental iraní revela que Musaví ganó sólo en la ciudad de Shabestar entre las clases alta y media (y solo por un estrecho margen), mientras que fue derrotado estrepitosamente en las zonas rurales, en las que las políticas redistributivas del gobierno han contribuido a que los azeríes se librasen de las deudas, obtuviesen créditos asequibles y préstamos para los campesinos. Musaví ganó, es cierto, en la región de Azerbayán occidental, donde utilizó sus vínculos étnicos para conseguir el voto urbano. En la provincia de Teherán, densamente poblada, Musaví ganó a Mahmoud Ahmadineyad en los centros urbanos de Teherán y Shemiranat gracias a los votos de los distritos de clase media y alta, mientras que perdió por mucha diferencia en los suburbios cercanos de clase trabajadora, las pequeñas ciudades y las zonas rurales.

 

El énfasis en el voto étnico, superficial y distorsionado, que aportan los colaboradores del Financial Times y del New York Times para justificar que la victoria de Ahmadineyad se debe al “robo de votos” es equiparable a la negativa deliberada de los medios de comunicación a reconocer una encuesta de opinión, rigurosa y de ámbito nacional, llevada a cabo por dos expertos estadounidenses tres semanas antes de las elecciones, que mostró que Mahmoud Ahmadineyad tenía a su favor un porcentaje de votos de dos a uno, más incluso que el obtenido en su victoria electoral del 12 de junio. La encuesta reveló que entre los azeríes Ahmadineyad superaba en una proporción de dos a uno a Musaví, demostrando así cómo los intereses de clase representados por uno de los candidatos pueden vencer la identificación étnica del otro candidato (Washington Post 15.6.2009).

 

El único grupo que apoyó decididamente a Musaví fue el de los estudiantes y licenciados universitarios, los comerciantes propietarios y la clase media alta. El voto de los jóvenes, que los medios occidentales presentaron como pro reformistas, fueron una clara minoría inferior al 30%, pero venían de un grupo privilegiado, conocedor de la lengua inglesa y con capacidad para hacerse oír, que gozó del monopolio de los medios occidentales. Su presencia abrumadora en las noticias de prensa occidentales creó lo que se ha calificado de síndrome del norte de Teherán, en referencia al confortable enclave de la clase alta de donde vienen muchos de estos estudiantes. Aunque sepan expresarse, vistan bien y hablen inglés correctamente, fueron vencidos con claridad en el secreto de la cabina de voto.

 

En general, Ahmadineyad obtuvo buenos resultados en las provincias petroleras y de la industria petroquímica, lo que podría ser un reflejo de la oposición de los trabajadores de esta industria al programa reformista, que incluye la privatización de empresas públicas. Del mismo modo, el presidente tuvo buenos resultados en las provincias fronterizas con su énfasis en el reforzamiento de la seguridad nacional ante las amenazas estadounidenses e israelíes, a la vista de una escalada de ataques terroristas patrocinados por Estados Unidos a partir de Pakistán, y de incursiones israelíes desde el Kurdistán iraquí, que han matado a docenas de ciudadanos iraníes. El patrocinio y la financiación masiva de los grupos que realizan estos ataques forma parte de la política oficial de EE UU desde el gobierno Bush, que no ha sido repudiada por el presidente Obama, al contrario, se han incrementado en el periodo previo a los comicios.

 

Lo que los comentadores occidentales y sus protegidos iraníes han ignorado es el fuerte impacto que las devastadoras guerras y ocupación de Iraq y Afganistán han tenido en la opinión pública iraní. La decidida postura de Mahmoud Ahmadineyad en materia de defensa contrasta con las adoptadas por muchos de los propagandistas de campaña de la ocupación, débiles y pro occidentales.

 

La gran mayoría de votantes de Ahmadineyad probablemente pensaron que los intereses de seguridad nacional, la integridad del país y el sistema de seguridad social, con todos sus defectos y excesos, estarían mejor defendidos y mejorarían con éste que con unos tecnócratas de clase alta apoyados por una juventud privilegiada pro occidental que anteponen los estilos de vida individuales a los valores comunitarios y la solidaridad.

 

La demografía de la votación revela una auténtica polarización de clase que ha enfrentado a un grupo de individualistas capitalistas de alto nivel de ingreso y orientación librecambista con una clase trabajadora de bajos ingresos, defensores de base de la economía moral en la que la usura y el beneficio están limitados por preceptos religiosos. Los abiertos ataques por parte de economistas de la oposición a los gastos sociales del gobierno, el crédito fácil y las altas subvenciones para los productos básicos de alimentación no han contribuido a congraciarlos con la mayoría de los iraníes que se benefician de dichos programas. Del Estado persiste la imagen de protector y benefactor de los trabajadores pobres contra el mercado, que representa la riqueza, el poder, el privilegio y la corrupción. Los ataques de la oposición contra la intransigente política exterior y posiciones que alienan a Occidente sólo fueron bien acogidos entre los estudiantes universitarios liberales y los grupos de negocios de importación y exportación. Para muchos iraníes, el rearme militar del régimen es visto como lo que impide un ataque estadounidense o israelí.

 

La escala del déficit electoral de la oposición debería indicarnos hasta qué punto está fuera de contacto con las preocupaciones vitales de su propia gente. Debería recordarles también que al acercarse a la opinión occidental se han alejado de los intereses cotidianos de seguridad, alojamiento, empleo y alimentos subvencionados que hacen la vida tolerable a los que viven por debajo del nivel de la clase media y fuera de las privilegiadas puertas de la Universidad de Teherán.

 

El éxito electoral de Ahmadineyad, visto en una perspectiva histórica comparada, no debería ser una sorpresa. En competiciones electorales similares en que se han enfrentado nacionalistas-populistas contra liberales pro occidentales, los populistas han ganado. Ejemplos del pasado serían Juan Domingo Perón, en Argentina, y, más recientemente, Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia, e incluso Lula da Silva, en Brasil, todos los cuales han demostrado su capacidad para conseguirse en torno o por encima del 60% de los votos en elecciones libres. Las mayorías votantes de estos países prefieren la seguridad social a los mercados sin trabas y la seguridad nacional al alineamiento con los imperios militares.

 

Las consecuencias de la victoria electoral de Mahmoud Ahmadineyad están abiertas a discusión. Estados Unidos puede sacar en conclusión que seguir apoyando a una minoría dotada de voz pero duramente derrotada tiene pocas perspectivas de conseguir concesiones en materia de enriquecimiento nuclear o de abandono del apoyo de Irán a Hezbolá y Hamás. Un enfoque realista sería abrir unas conversaciones amplias con Irán, y reconocer, tal como el senador John Kerry destacó recientemente, que el enriquecimiento de uranio no constituye una amenaza existencial para nadie. Este enfoque sería radicalmente diferente del de los sionistas estadounidenses instalados en el gobierno de Obama, que siguen la línea de Israel de promover una guerra preventiva con Irán y utilizar el espúreo argumento de que no hay negociación posible con un gobierno ilegítimo en Teherán, que ha robado las elecciones.

 

Acontecimientos recientes sugieren que los líderes políticos europeos, y algunos de Washington, no aceptan la argumentación de los medios sionistas de que ha habido elecciones robadas. La Casa Blanca no ha suspendido su oferta de negociaciones con el gobierno recién reelegido, pero se ha centrado en cambio en la represión de los opositores (y no en el recuento de votos). Del mismo modo, los 27 países que forman la Unión Europea han expresado su “seria preocupación por la violencia” y han instado a que “las aspiraciones del pueblo iraní se cumplan por medios pacíficos y se respete la libertad de expresión.” (Financial Times, 16.6.2009, p.4). Excepto Nicolas Sarkozy, ningún líder de la UE ha puesto en cuestión el resultado de los comicios.

 

El comodín en este epílogo de las elecciones es la respuesta israelí: Netanyahu ha indicado a sus seguidores sionistas estadounidenses que deben utilizar el timo del fraude electoral para ejercer una presión máxima sobre el gobierno de Obama para que ponga fin a todos sus planes de reunirse con el gobierno reelegido de Ahmadineyad.

 

Paradójicamente, los comentadores de Estados Unidos –de izquierda, derecha y centro– que se han tragado el timo del fraude electoral proporcionan, sin proponérselo, a Netanyahu y sus seguidores estadounidenses argumentos y mentiras: donde ven guerras religiosas, nosotros vemos lucha de clases; donde ven fraude electoral, vemos desestabilización imperial.

James Petras James Petras es profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (New York). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense, es autor de numerosas obras. James Petras es miembro de la conferencia «antiimperialista» Axis for Peace que organiza la Red Voltaire. FUENTE: www.voltairenet.org