Lo maravilloso y sorprendente del caso, es que la justicia estaba reconociendo los derechos de los pobladores, de uno de los sectores más pobres del país, a que se respetaran las legislaciones ambientales existentes, pese a las múltiples irregularidades, con las que se conformo el caso (en la Conama, Municipio, etc).

Así fue, como muchos (me recontra incluyo), nos sentimos conformes y tranquilos de saber que vivimos en un estado de derecho, donde la ley es ejercida para todos por igual, por muy poderosos e influyentes que sea una de las partes.

Desgraciadamente, a veces caemos en caída libre sobre la realidad, y eso paso ayer al enterarnos con estupor ayer de las declaraciones del Ministro Peréz Yoma (DC), refiriéndose al tremendo "daño" al empleo (tema aparte, que no es tal) que genera la paralización de Campiche (por orden judicial), por lo que indico "Si hay que modificar algunas cosas, dentro de la legalidad vigente, lo vamos a hacer” (Luego indico que hablaría con la ministra de la vivienda, para ver que podrían hacer).

Ósea, el dejo entre ver que están dispuestos a cambiar la categoría de área protegida medioambientalmente, con el fin de lograr que se concrete.

Después de esto, creo que fui muy inocente al pensar que en un caso así habría justicia, pues para muchos si las leyes no acomodan a los intereses de quienes tienen dinero, simplemente se cambian las leyes.

Más detalles en el "nunca" objetivo diario la nación,

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090707/pags/20090707123052.html

Y no se olviden de seguirle la  pista a este caso.

Saludos.

dlirio

http://dlirio.blogspot.com