La Corte
de Apelaciones de la ciudad chilena de Rancagua, al sur de Santiago,
ordenó la exhumación y una nueva autopsia a los cadáveres de dos
guerrilleros muertos presuntamente a manos de la policía en 1988,
informaron hoy fuentes judiciales.
Cecilia Magni Camino
Se trata de Raúl Pellegrin Friedman y
Cecilia Magni Camino, dirigentes ambos del izquierdista Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), muertos entre el 25 y el 27 de
octubre de ese año en la localidad de Los Queñes, a unos 250 kilómetros
al sureste de Santiago, en los contrafuertes de la Cordillera de Los
Andes.
Raúl Pellegrín Friedmann
Sus muertes ocurrieron después que
una quincena de guerrilleros copó el pueblo y atacó el cuartel de
Carabineros, en uno de los últimos intentos del grupo guerrillero por
reivindicar la lucha armada contra la dictadura de Augusto Pinochet.
El dictador había sido derrotado en
las urnas el 5 de octubre de ese año, en el plebiscito que marcó el
comienzo de un tránsito pacífico hacia la recuperación de la
democracia.
En el ataque a Los Queñes, ocurrido el 21 de octubre de 1988, murió el cabo de carabineros Juvenal Vargas.
La policía dijo entonces que
Pellegrin y Magni se habían ahogado mientras cruzaban el río
Tinguiririca durante su huida, tras el ataque al cuartel, pero
posteriormente organizaciones de derechos humanos denunciaron que ambos
habían sido lanzados al río ya muertos, tras ser detenidos y
torturados hasta la muerte.
La II Sala del tribunal de alzada
rancagüino ordenó la nueva autopsia, que será la tercera, como
diligencias para mejor resolver la apelación de la parte querellante del
fallo de primera instancia, dictado por el juez Raúl Mera, que el 18
de octubre de 2010 absolvió a cuatro carabineros retirados imputados
por las muertes de ambos.
La decisión del juez para absolver a
los imputados Julio Verne Acosta, Mauricio Bezmalinovic, Juan Ernesto
Rivera y Walter Soto Medina se basó en la inexistencia de elementos de
convicción, más allá de toda duda razonable, de la participación de los
policías en las muertes de los guerrilleros.
La apelación de la abogada
querellante, Ema Salinas Fernández, se basó en contradicciones surgidas
entre el informe de la primera autopsia y los resultados del análisis
posterior, efectuado por dos peritos forenses, en conjunto del Servicio
Médico Legal (SML).
Según las denuncias que dieron origen
al juicio, los cadáveres presentaban lesiones contusas y huellas de
aplicación de electricidad.
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